Según un reporte de Amnistía Internacional, el hecho ocurrió en la zona sur de la Ciudad de México.

El organismo defensor de los Derechos Humanos señaló que un desconocido llamó a la puerta de la casa donde Norma Andrade se encontraba transitoriamente.

Tras atender el llamado, la activista fue agredida por un sujeto que portaba con un cuchillo. El atacante hirió a la mujer en el cuello.

Luego de la agresión, Andrade fue trasladada a una clínica de salubridad. Allí se recupera actualmente de la lesión.

Vale decir que este es el segundo atentado perpetrado en tan sólo 2 meses contra de Norma Andrade.

El pasado 2 de diciembre recibió 5 disparos mientras se encontraba en Ciudad Juárez. Por estos motivos, la activista y una de sus hijas se trasladaron a la Ciudad de México para recibir protección.

Conviene recordar que Andrade ha sido amenazada de muerte en reiteradas ocasiones. Según se ha señalado se debe a sus investigaciones sobre las desapariciones de mujeres y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez.

Desde 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas de protección para 4 integrantes de la organización "Nuestras Hijas de Regreso a Casa".

Estas medidas obligan a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad de esas personas en situación de riesgo. (PÚLSAR)

La marcha se realizará en 19 municipios de la región costera del Urabá antioqueño. Según los manifestantes, allí confluyen grupos criminales conformados por ex paramilitares.

Las personas desplazadas en esa zona por el conflicto armado colombiano reclaman la presencia del Estado para que de cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Dicha normativa plantea compensar a las víctimas del conflicto armado a partir de 1985. El resarcimiento se llevará a cabo mediante una indemnización administrativa.

También con la restitución de tierras a las familias que fueron desplazadas desde 1991 por el mismo conflicto.

Se trata de unos 2 millones de hectáreas que deben ser devueltos antes de 2014 a unas de 400 mil familias que fueron desplazadas de sus terrenos por grupos armados ilegales.

Por otra parte, los habitantes del Urabá antioqueño señalaron que en esa región se han registrado amenazas de persecución y desplazamientos masivos para quienes reclamen la devolución de sus tierras.

Vale recordar que en esa zona, la multinacional bananera Chiquita Brands había financiado a paramilitares a cambio de protección. Por este motivo, dicha compañía fue multada en septiembre de 2007.

Según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en los últimos 15 años fueron robadas hasta 5,5 millones de hectáreas en Colombia.

Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció el pasado enero que el desplazamiento continúa siendo un delito con un 99 por ciento de impunidad, en el país sudamericano. (PÚLSAR)

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó este jueves a 9 represores por los secuestros, torturas y asesinatos de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.

Según confirmó una investigación pericial, los activistas fueron secuestrados, torturados y fusilados. Sin embargo, el gobierno de facto de aquella época adjudicó las muertes a un "enfrentamiento" con la policía.

Por tal motivo, la justicia sobreseyó a los culpables. Esta decisión fue tomada pese a que ambos cuerpos tenían marcas de aplicación de picana eléctrica y disparos a quemarropa.

Frente a la evidencia de estas irregularidades, la causa fue reabierta por el juez Villafuerte Ruzo en 2011.

Anteriormente, los policías involucrados en los crímenes habían sido sobreseídos gracias al beneficio de la derogada ley de Obediencia Debida.

Cabe señalar que Cambiaso y Rossi fueron secuestrados frente a testigos por una patrulla policial integrada por el represor Luis Abelardo Patti. El hecho ocurrió el 14 de mayo de 1983.

En abril de ese mismo año, el dictador Reynaldo Bignone ordenó por decreto la destrucción de los documentos existentes sobre la detención, tortura y asesinato de desaparecidos de la última dictadura argentina. (PÚLSAR)

La movilización comenzó tras una ceremonia indígena en la zona de las lagunas cajamarquinas que serán afectadas por el proyecto minero Conga.

Cabe señalar que el llamado proyecto Minas Conga prevé secar 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca para extraer cobre y oro.

La marcha iniciada este miércoles plantea como eje central la defensa del agua yla Tierra. Asimismo, la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería.

También exige el cese de actividades mineras en las cabeceras de cuencas hídricas y que se declare al agua como un derecho humano.

La movilización es impulsada por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales.

En una conferencia de prensa, los organizadores de la marcha denunciaron la existencia de una campaña empresarial para desprestigiar la movilización antiminera.

Por otra parte, el ex viceministro de Gestión Ambiental de Perú, José de Echave, manifestó su apoyo a la movilización.

También reclamó al Gobierno nacional que dialogue con los gobernantes y dirigentes sociales de Cajamarca que se oponen al proyecto minero Conga.

Vale recordar que Echave dejó el gobierno el pasado diciembre tras una crisis ministerial en la que el presiente de Perú, Ollanta Humala, renovó gran parte de su gabinete.

La salida de estos dirigentes se produjo a partir de la protesta social originada en Cajamarca en rechazo a la actividad minera y contaminación del agua en esa zona. (PÚLSAR)

Las protestas se desarrollan en el oeste de Panamá; en las provincias de Chiriqui, Veraguas y Bocas del Toro. Incluyen cortes de calles y avenidas.

Los manifestantes exigen la restitución de un artículo de ley que protege a los territorios indígenas panameños de la actividad minera.

Anteriormente, la normativa que contiene dicho artículo había sido consensuada por una comisión parlamentaria y representantes de comunidades indígenas.

Las negociaciones comenzaron luego de que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, derogara una serie de reformas al código minero de ese país con la intención de atraer inversiones.

Esta decisión generó la movilización de los indígenas panameños quienes rechazaron la iniciativa oficial. Tras varias protestas comenzaron las etapas de negociación con el Gobierno.

Por tal motivo, la comisión parlamentaria y los indígenas acordaron un proyecto de ley de 9 artículos para la regulación de la actividad minera.

Sin embargo, uno de los puntos de ese proyecto fue removido a último momento. Esta modificación generó las recientes protestas.

El artículo excluido expresaba la cancelación de las concesiones a empresas panameñas y extranjeras para realizar actividades mineras y la construcción de hidroeléctricas en los territorios indígenas de Panamá.

Por su parte, el vocero de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé, Rogelio Montezuma, señaló que "el Gobierno ha tratado de burlar el acuerdo".

Vale decir que en esa comunidad indígena ya fueron presentadas numerosas solicitudes de empresas para buscar oro y otros minerales en sus territorios. (PÚLSAR)

Según anunciaron los representantes de Argentina, Brasil, Colombia y Cuba, el encuentro se llevará acabo entre los días 17 y 20 de febrero de este 2012.

El anuncio de esta acción en defensa de los sectores campesinos del noroeste hondureño surge tras una convocatoria del Observatorio Permanente de los Derechos humanos, región Aguán.

El reporte radiofónico de la Agencia Púlsar desde Porto Alegre. (PÚLSAR)

De acuerdo con el investigador de Amnistía, Rupert Knox, "el Gobierno de México no ha cumplido su promesa de proteger a las personas migrantes frente a los abusos generalizados".

Knox apuntó que "para muchos, el viaje a través de México será devastador".

La organización recordó que en febrero de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México informó que 11 mil migrantes habían sido secuestrados en los seis meses anteriores.

Del mismo modo, Amnistía señaló que durante 2011 los defensores de migrantes sufrieron ataques, amenazas de muerte e intimidación como represalia por sus esfuerzos para respaldar a este sector de la población.

Por último, el organismo defensor inició una campaña para recolectar calcetines y prendas de vestir "concretas y humildes" para apoyar a este sector social.

De acuerdo con la entidad, los migrantes en transito por México solicitaron "desesperadamente" calcetines para soportar el viaje de más de 2 mil 500 kilómetros entre México y Estados Unidos.

Amnistía Internacional resaltó que las heridas en las plantas de los pies representan un grave riesgo que les puede costar la vida.

Por tanto, señaló que "un par de calcetas limpias puede marcar una diferencia fundamental" para enfrentar esta eventualidad.(PÚLSAR)