En un mensaje enviado a los hondureños, Zelaya manifestó que el pueblo, único soberano, celebra "su decisión de convocarse para una Asamblea Nacional Constituyente y exige el retorno con garantías de su presidente".

Dijo que el 28 de junio de 2009, día del Golpe de Estado que lo derrocó, se habían juntado medio millón de firmas y se las deslegitimó denunciando que eran inventadas.

Por ello, remarcó que 1 año después del Golpe "a pesar de la persecución, el acoso y la violencia, se incrementaron a 1 millón las personas convencidas de la necesidad de los cambios".

Por otro lado, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) propuso que una vez recolectadas todas las firmas sean entregadas por Zelaya a la Comisión de Alto Nivel de las Naciones Unidas (ONU) de Derechos Humanos.

Además, las firmas deberían presentarse ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

La propuesta busca reclamar en el ámbito internacional "el legítimo derecho del pueblo a auto convocarse a una Asamblea Constituyente".

Consideran que entregar las firmas a una instancia del Gobierno de Porfirio Lobo "sería reconocerlo".

El Frente se propone alcanzar 1 millón 250 mil firmas para el 15 de septiembre, día que se celebra la independencia del país. (PÚLSAR)

Los mapuches cumplieron este jueves 53 días sin ingerir alimentos.

La vocera de los familiares, María Tracal, aseguró que los huelguistas se encuentran en fase crítica. Experimentan la pérdida de tejido muscular y el resentimiento de órganos vitales como los pulmones, los riñones, el corazón y el hígado.

Por ello, en los últimos días varios de los detenidos en penales del sur del país debieron ser trasladados a hospitales.

El vocero de los mapuches presos en la cárcel de Angol, Jorge Huenchullan, dijo al Noticiero Ciudadano que los huelguistas "prefieren morir haciendo historia antes de pasar 100 años presos".

El miércoles se realizaron manifestaciones en distintos puntos del país para apoyar los reclamos de los mapuches.

Éstos se oponen a la aplicación de la Ley Antiterrorista y rechazan la propuesta de perfeccionarla emitida por el Gobierno.

Asimismo, dos jóvenes mapuches de 18 años se sumaron a la huelga de hambre.

José Ñirripil y Luis Marileo se encuentran internados en la cárcel de menores Cereco de Chol-Chol, debido a que fueron detenidos cuando aún no cumplían la mayoría de edad.

Explicaron en una carta que la "drástica decisión" que tomaron "se debe a la nula respuesta por parte del Gobierno a las peticiones que demandan los presos políticos mapuche en huelga de hambre". (PÚLSAR)

El equipo de investigadores estará integrado por 2 profesionales de cada país.

Contarán con 60 días para presentar su primer proyecto sobre el monitoreo.

A su vez, dispondrán de un segundo plazo de 150 días para entregar un proyecto integral que además del río abarque el control integral de los establecimientos ubicados en sus márgenes.

Las directivas de trabajo fueron establecidas el lunes pasado por los cancilleres de ambas naciones en Montevideo, capital de Uruguay.

El documento suscripto por los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, y de Argentina, Héctor Timmerman, se basa en las conclusiones a las que arribaron los presidentes de cada país en reuniones previas.

El trabajo de control iniciará en la planta de celulsa UPM, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos.

Las tareas continuarán en un establecimiento en la orilla argentina que será elegido por Uruguay.

Por otra parte, el comité de control podrá ingresar un máximo de 12 veces al año en cada establecimiento a monitorear. (PÚLSAR)

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, recibió los cadáveres junto con familiares. El mandatario señaló que "este es un momento triste para Honduras".

La coordinadora de fiscales del Ministerio Público, Daniela Ferrera, descartó la realización de autopsias a los cuerpos. Pero explicó que las víctimas serán sometidas a pruebas odontológicas, de ADN y dactilares, para confirmar la identidad.

La semana pasada fue encontrada una fosa común con 72 cadáveres en el Estado de Tamaulipas. Según relató un sobreviviente, las personas eran migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos.

En tanto, el gobierno de Honduras evalúa presentar una demanda contra México por la muerte de al menos 16 hondureños en la matanza.

Por otra parte, el sobreviviente ecuatoriano a los fusilamientos, Luis Freddy Lala Pomadilla, regresó a su país.

El primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa, confirmó la existencia de otro sobreviviente de nacionalidad hondureña.

Correa declaró que "Freddy contó que hubo otro sobreviviente hondureño, al que no se quiere poner en riesgo".

Según cifras oficiales, en lo que va del año más de 30 mil hondureños sin documentos fueron deportados por México y Estados Unidos.

La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Bertha Oliva, confirmó la semana pasada el hallazgo de una fosa con más de cien cuerpos de desaparecidos en San Pedro Sula, Honduras.

Además, luego de la asunción de Lobo en enero pasado 10 periodistas fueron asesinados. Todavía no han sido hallados los responsables. (PÚLSAR)

Así como el proceso de elaboración del texto de la ley, para la reglamentación se recibieron aportes de diferentes sectores de la comunicación.

Además de la reglamentación de los articulados de la norma, el texto del decreto presidencial muestra los diferentes actores que realizaron los aportes.

Entre los considerandos la reglamentación explica que "la Ley de medios busca garantizar la libertad de expresión en todas sus modalidades".

En tanto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, celebró la aprobación como "un día muy importante por la reglamentación, la licencia y la aplicación de totalidad de la ley de la democracia".

Sin embargo, Mariotto explicó que resta el fallo de la "Corte Suprema de Argentina por un recurso que presentó el Grupo Clarín".

El multimedio Clarín presentó un recurso en la Justicia contra el artículo 161 de la Ley de Medios. El punto cuestionado obliga a las empresas que posean más de 10 licencias a desprenderse de las sobrantes.

El titular del Directorio del Sistema Nacional de Medios Públicos, Gustavo López, elogió la reglamentación de la norma democrática. Y señaló que "comienza un proceso que significará un cambio profundo en la manera de mostrar la realidad con la incorporación de nuevas voces". (PÚLSAR)

La Misión contó con la participación de delegados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tras la visita, alertó sobre el clima y los actos de hostilidad de las autoridades laborales, policiales y empresariales hacia los trabajadores y sus representantes.

Se refirió especialmente a las agresiones registradas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, a las detenciones arbitrarias y a los procesamientos penales ilegales contra los dirigentes.

Además, informó a las autoridades sobre el contenido "antisindical y antisocial" de las leyes 14 y 30, conocidas como "carcelazo" y "chorizo" respectivamente.

Y advirtió que dichas normas pueden generar confrontación en la población, por lo cual instó al Gobierno a derogarlas de forma completa.  

La Misión expresó que el impacto de las leyes mencionadas representa una clara violación de los convenios sobre Libertad Sindical y Derecho a la Negociación Colectiva de la OIT.

Por otro lado, consideró que la mesa de diálogo instalada por el Gobierno tras las protestas contra la Ley 30 "en la práctica ha sido una dilación y no un diálogo real". Indicó que "persisten los hechos que originan la situación de conflictividad".

Asimismo, se refirió a la represión contra las protestas que se oponían a la Ley 30 en Bocas del Toro. Señaló que murieron al menos 5 personas y que hay cientos de heridos.

Vale recordar que en Panamá se desarrollan diversas protestas desde la sanción de la Ley 30.

Ésta introduce limitaciones al derecho a huelga y autoriza la contratación de personas para sustituir a quienes estén de paro. Además, otorga beneficios a policías que cometan delitos en ejercicio de sus funciones. (PÚLSAR/FRENADESO)

Los campesinos estaban privados de su libertad, con el argumento de poseer deudas con un sub-contratista. Por ese motivo no recibían ningún tipo de salario por sus labores.

Del operativo participaron funcionarios del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), del Ministerio Público del Trabajo (MPT) y de la Policía Federal.

Los inspectores constataron que los campesinos estaban alojados en pisos de tierra. Además, el abastecimiento de agua no era apta para el consumo.

Días atrás la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) publicó un informe sobre los índices de conflictividad vinculados a la lucha por la tierra. El reporte indica que el 54% de los conflictos en el campo ocurrieron en la región nordeste de Brasil.

Además, se registraron casos de esclavitud en los Estados de Maranhão, Piauí y Pernambuco. (PÚLSAR/Radio Mundo Real/Repórter Brasil)