Por otra parte los congresistas decidieron anular el artículo 189 (que penalizaba la difusión de imágenes personales) pero a su vez crearon el 188-A, que determina que "quien patrocine, promueva o practique espionaje, seguimiento o persecución contra una persona sin autorización de funcionario competente, será sancionado con 2 a 4 años de prisión".

Esta medida impide la normal realización de la labor periodística y de investigación, ya que imposibilita poder realizar un seguimiento a una noticia o a un sujeto (o funcionario público) sospechado de un presunto acto de corrupción.

Otro de los artículos atentatorios de la libertad de expresión es el 422, que estipula una pena de hasta cuatro años de prisión si una persona difunde "información reservada en materia política, diplomática y de policía referentes a la seguridad del Estado".

Por último, los congresistas modificaron el artículo 215, para permitir que todo funcionario que se sienta calumniado o injuriado por alguna publicación pueda realizar una denuncia tanto en la esfera civil como la penal.

Los periodísticos aglutinados en el Frente para la Defensa de la Libertad de Expresión (Fredelex), decidieron salir a las calles para manifestar su indignación. "Este es un retroceso sin precedentes (…) Ahora hay que seguir manifestándose, enviar una alerta internacional hasta que el mundo sepa que en Panamá se enterró la libertad de expresión y exigirle al presidente Martín Torrijos que vete estos artículos", remarcó el coordinador general Jean Marcel Chéry.(PÚLSAR/APM)

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21/02/2007