El proyecto tiene como objetivos prevenir, proteger, sancionar y erradicar el acoso y la violencia contra las mujeres candidatas, electas y en ejercicio de sus funciones.

La iniciativa establece sanciones administrativas, civiles y penales, que incluyen la suspensión temporal o definitiva de la actividad pública.

La gerente general de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), María Eugenia Rojas, recalcó a IPS el factor común en las más de 200 denuncias acumuladas en la asociación. Son violaciones que "tienen detrás una historia de discriminación y violencia por razón de género".

Además, ninguno de los agresores fue sancionado por la Justicia.

La violencia de género por ejercicio político se manifiesta en muchos niveles, pero adquiere su mayor virulencia e impunidad en los municipios de las zonas rurales.

Un estudio realizado por Acobol entre 2000 y 2005 mostró que 36 por ciento del acoso y los maltratos buscaban forzar a las concejalas a dejar su cargo para dar paso a un varón designado como reemplazante. El informe fue actualizado con los dos centenares de denuncias posteriores.

Un 20 por ciento de denuncias fueron de violencia física y otro 19 por ciento de acoso y presiones para evitar que ejerciesen su función de fiscalización y vigilancia en los gobiernos municipales.(PÚLSAR/IPS)

Franz Chávez
09/11/2009