El proceso se inició con la derogatoria del permiso a Acción Ecológica, una organización ambiental que participó en las protestas contra la nueva Ley Minera ecuatoriana.

Acción Ecológica denunció que el gobierno de Correa autoriza, mediante la Ley Minera, las actividades de las transnacionales mineras afectando el medio ambiente.

Según Correa, en Ecuador existen alrededor de 30 mil ONGs, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, pero el 95% no cumple con ninguno de los requerimientos legales.

Por su parte, Acción Ecológica interpretó la medida como una persecución política por sus críticas a la minería, según su presidenta Ivonne Ramos.

La organización "impugna esta decisión por arbitraria y persecutoria, y apelará a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para que el acuerdo ministerial se revierta inmediatamente", declaró la activista.

Asimismo, Ramos recalcó que este tipo de decisiones marcan "un precedente de autoritarismo que no es tolerable en un régimen democrático".(PÚLSAR)