Las comunidades reclaman que tratados internacionales obligan al estado a consultarlas cuando son modificadas las normas que rigen la forma de disponer de sus tierras. Aseguran que no fueron consultadas.

Desde el gobierno peruano aseguran que el decreto 1015 ha sido modificado para proteger los territorios nativos.

Sin embargo, la modificación por medio del decreto 1073 sólo elimina uno de los apartados incorporados por el decreto 1015.

Con ese cambio, el decreto señala que al menos el 50 por ciento de los comuneros que acrediten un año de antigüedad en el lugar deben autorizar la adquisición de tierras de parte de comuneros.

Sin embargo, la corrección no aleja la posibilidad de intervención empresaria en las comunidades.

Esto es así porque existen empresas que ya han incursionado en territorio indígena y muchos de sus trabajadores pueden acreditar más de un año de antigüedad como comuneros.

De este modo, por medio de sus trabajadores, la empresa puede apropiarse del territorio nativo.(PÚLSAR)

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20/08/2008