El pasado martes los senadores recibieron los fundamentos jurídico-políticos por los que la organización considera que la norma aprobada en la Cámara de diputados debe ser rechazada por los senadores antes del 9 de agosto.

El organismo señaló que la propuesta contempla una definición imprecisa de la figura de "terrorismo", que engloba la prohibición de actividades dispares.

Además, la Coordinadora explicó que un juez puede considerar como actos terroristas a conductas como marchas de protesta, dada la imprecisión del término.

La organización también cuestionó que el proyecto de ley no prevé sanciones por violaciones a las leyes cometidas por personas legítimamente electas por el pueblo.(PULSAR/JAKUEKE)